Un análisis preliminar del Anteproyecto de Ley

Si ustedes han oído hablar estos días de la nueva Ley de Gestión Pública en sanidad y no tienen claro qué está pasando exactamente, vamos a explicarlo de forma sencilla.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud que pretende cambiar las reglas del juego en el Sistema Nacional de Salud.

La idea central es muy clara: la gestión pública debe ser la norma, y la gestión privada la excepción. Es decir, que los hospitales y centros sanitarios públicos, como regla general, deben ser gestionados directamente por la administración, y solo en casos muy concretos se podrá recurrir a empresas privadas.

Esto quiere decir que una opción que se daba desde hace dos siglos en España, incluso antes de existir el Sistema Nacional de Salud, como era la de prestar la sanidad pública mediante gestión pública, o prestar esa misma sanidad pública mediante gestión privada, se pueda perder.

Contenido del Anteproyecto

El Anteproyecto limita la posibilidad de gestión privada a tres situaciones excepcionales:

• cuando la administración no pueda prestar el servicio directamente,
• cuando se garantice que esa fórmula es financieramente sostenible y eficiente, y
• cuando se cumplan criterios estrictos de calidad, continuidad y accesibilidad.

Además, cada decisión deberá justificarse con una memoria técnica, pasar por un comité de evaluación y publicarse oficialmente. Se endurecen, por tanto, los controles y los requisitos.

Hay algo importante: la ley no tendrá efectos retroactivos. Los conciertos y concesiones ya firmados seguirán vigentes hasta que terminen. Es decir, no se van a cerrar hospitales ni a rescindir contratos en vigor por esta norma. Lo que cambia son las reglas para el futuro.

El Gobierno defiende que esta ley es necesaria para “blindar” el sistema público frente al lucro y evitar que la gestión sanitaria se oriente al beneficio empresarial. Sostiene que en las últimas décadas han proliferado modelos concesionales que han fragmentado el sistema y que no existe evidencia clara de que la privatización sea más eficiente. Además, la norma deroga la ley de 1997 que permitió las nuevas formas de gestión y refuerza mecanismos de transparencia, auditoría y publicación de resultados.

Respuestas al Ministerio

Ahora bien, el sector sanitario privado ha reaccionado con mucha contundencia y sostienen que limitar la colaboración público-privada puede perjudicar a los pacientes. Argumentan que esta colaboración ha servido para aliviar listas de espera, mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de respuesta del sistema. Consideran que la ley parte de un enfoque ideológico y que reduce instrumentos de gestión que las comunidades autónomas han utilizado durante décadas.

Y aquí entra el elemento político y territorial. La Comunidad de Madrid, que tiene varios hospitales de gestión indirecta, ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Y que hará la Generalitat de Cataluña, que triplica a la Comunidad de Madrid con este tipo de Hospitales

Otras voces apuntan que la norma nace en un clima de fuerte confrontación política y que su aprobación parlamentaria no está garantizada, porque el Gobierno no tiene mayoría asegurada.

En resumen, lo que está ocurriendo no es solo un cambio técnico en la gestión sanitaria. Es un debate profundo sobre el modelo de sanidad que queremos. De un lado, quienes defienden que la gestión pública directa es la mejor garantía de equidad y control. De otro, quienes sostienen que la colaboración con el sector privado es una herramienta útil y necesaria para sostener el sistema.

Conclusiones

La ley aún tiene que pasar por el Congreso y puede sufrir modificaciones importantes. Pero lo que ya es evidente es que ha reabierto uno de los grandes debates estructurales de la sanidad española: hasta dónde debe llegar la gestión pública y qué papel debe jugar el sector privado en un sistema que, en cualquier caso, sigue siendo universal y financiado con fondos públicos.

Eso es lo que está en juego. Y ahora, la decisión final no será solo jurídica, sino también política.

Aportaciones al Anteproyecto

Como el Anteproyecto de Ley está en la fase de Audiencia e información pública, todos los que estén interesados pueden presentar aportaciones a este Anteproyecto, teniendo en cuenta que el plazo termina el 4 de marzo. Aquí tienen toda la información: Ministerio de Sanidad – Participación Pública – Audiencia e información pública.

Aquí pueden consultar el texto del Anteproyecto. Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud