Del anteproyecto al proyecto de ley: análisis y objeciones
Si ustedes han oído hablar estos días de la nueva Ley de Gestión Pública en sanidad y no tienen claro qué está pasando exactamente, vamos a explicarlo de forma sencilla.
El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud con la intención de cambiar las reglas del juego en el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta, inicialmente presentada como anteproyecto, fue aprobada por el Gobierno como proyecto de ley en mayo de 2026. Su tramitación parlamentaria ha decaído con la disolución de las Cortes, pero el debate sobre el modelo que pretendía implantar sigue siendo relevante.
Mi posición es crítica: considero inadmisible restringir de esta manera las posibilidades de colaboración público-privada y la autonomía de las comunidades autónomas para organizar sus servicios de salud.
La idea central es muy clara: la gestión pública debe ser la norma, y la gestión privada la excepción. Es decir, que los hospitales y centros sanitarios públicos, como regla general, deben ser gestionados directamente por la administración, y solo en casos muy concretos se podrá recurrir a empresas privadas.
Esto quiere decir que una opción que se daba desde hace dos siglos en España, incluso antes de existir el Sistema Nacional de Salud, como era la de prestar la sanidad pública mediante gestión pública, o prestar esa misma sanidad pública mediante gestión privada, se pueda perder.
Qué planteaba la propuesta
La propuesta atribuía carácter excepcional a la gestión indirecta y exigía acreditar conjuntamente las siguientes condiciones, que no constituían tres alternativas independientes:
- cuando la administración no pueda prestar el servicio directamente,
- cuando se garantice que esa fórmula es financieramente sostenible y eficiente, y
- cuando se cumplan criterios estrictos de calidad, continuidad y accesibilidad.
El texto sometido a información pública contemplaba una evaluación previa, con memoria justificativa, informe de un comité y publicación de la decisión, aunque establecía excepciones vinculadas a la cuantía de los expedientes. Por tanto, conviene distinguir la orientación restrictiva general de los procedimientos concretos previstos para aplicarla.
La norma proyectada no tendría efectos retroactivos sobre los expedientes y contratos amparados por su régimen transitorio, que continuarían sujetos a la normativa anterior. Esta garantía debe ponerse en relación con la seguridad jurídica y con la prohibición constitucional de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. A mi juicio, el carácter restrictivo de la propuesta obliga a extremar el respeto a los derechos consolidados. No obstante, debe distinguirse esa protección de las reglas aplicables a futuras contrataciones: precisamente sobre estas últimas recaía una parte fundamental de las restricciones que critico.
El Gobierno defiende que esta ley es necesaria para “blindar” el sistema público frente al lucro y evitar que la gestión sanitaria se oriente al beneficio empresarial. Sostiene que en las últimas décadas han proliferado modelos concesionales que han fragmentado el sistema y que no existe evidencia clara de que la privatización sea más eficiente. Además, la propuesta pretendía derogar la ley de 1997 que permitió las nuevas formas de gestión y refuerza mecanismos de transparencia, auditoría y publicación de resultados.
Respuestas al Ministerio
Ahora bien, el sector sanitario privado ha reaccionado con mucha contundencia y sostiene que limitar la colaboración público-privada puede perjudicar a los pacientes. Argumentan que esta colaboración ha servido para aliviar listas de espera, mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de respuesta del sistema. Consideran que la ley parte de un enfoque ideológico y que reduce instrumentos de gestión que las comunidades autónomas han utilizado durante décadas.
El caso de Cataluña merece una consideración específica. Su modelo combina los centros del Institut Català de la Salut con otros proveedores integrados en la red de utilización pública, entre ellos entidades sin ánimo de lucro. La preservación de estas fórmulas de colaboración era una cuestión central del debate, por lo que no resulta adecuado presentar su situación como equivalente a la de las concesiones hospitalarias de Madrid. Desde mi perspectiva, cualquier diferencia de tratamiento exige una justificación objetiva: las garantías de calidad, transparencia y control deben exigirse con independencia del territorio y de la naturaleza del proveedor.
Considero que una regulación estatal que restrinja de esta manera las opciones de organización de los servicios autonómicos puede invadir competencias y resultar inconstitucional. Mi crítica se dirige a esa limitación, sin cuestionar la exigencia de controles públicos, transparencia y garantías asistenciales.
La propuesta nació en un clima de fuerte confrontación política y su aprobación parlamentaria no estaba garantizada. Tras la disolución de las Cortes, su tramitación ha decaído.
En resumen, lo que está ocurriendo no es solo un cambio técnico en la gestión sanitaria. Es un debate profundo sobre el modelo de sanidad que queremos. De un lado, quienes defienden que la gestión pública directa es la mejor garantía de equidad y control. De otro, quienes sostienen que la colaboración con el sector privado es una herramienta útil y necesaria para sostener el sistema.
Conclusiones
El proyecto ha decaído con la disolución de las Cortes, pero no se ha resuelto el debate de fondo. Considero que mejorar el SNS exige evaluar resultados y reforzar las garantías de calidad, seguridad, transparencia y control, preservando la posibilidad de utilizar distintas formas de gestión.
Como desarrollo en el artículo sobre la Ley 15/1997, defiendo una nueva regulación actualizada que mantenga la flexibilidad organizativa y respete las competencias autonómicas. No comparto convertir la colaboración con entidades privadas en una opción excepcional por una decisión general sobre el modelo, en lugar de valorar las necesidades y los resultados de cada fórmula.
Documentación y referencias
El trámite de audiencia e información pública del anteproyecto ya ha finalizado. Puede consultarse el portal del Ministerio de Sanidad – Participación Pública – Audiencia e información pública.
Documento original sometido a información pública: Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.
Documentación posterior: aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, 12 de mayo de 2026; disolución de las Cortes; artículo 207 del Reglamento del Congreso. Sobre irretroactividad: artículo 9.3 de la Constitución y STC 216/2015.
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